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Prohibida la organización para los pobres en Sudáfrica
La falta de investigación sobre la masacre de mineros y los asesinatos de habitantes de chabolas que exigen sus derechos, muestran que la democracia que disfruta la clase media no existe para los pobres.
Traducción: Clayton Conn
En Sudáfrica, todos los días se viven asesinatos de opositores, impunidad para los policías perpetradores y uso de golpeadores contra los colectivos organizados. Parece que la violencia política contra los pobres organizados de manera independiente se convirtió en aceptable para gran parte de la sociedad de clase media en Sudáfrica.
Pasó más de un año desde la masacre de Marikana en Sudáfrica (16 de agosto de 2012), cuando 34 mineros en huelga fueron asesinados bajo el fuego de la policía. La comisión creada por el gobierno para investigar los asesinatos hace lo que hacen las comisiones: trabaja muy lentamente. Si la verdad emerge o no ya es cuestionable, pero uno de los resultados del procedimiento dolorosamente lento es que los mineros detenidos y heridos ya no pueden pagar una representación legal.
La comisión trabaja sin ellos. Salió a la luz la semana pasada que la policía manipuló la información sistemáticamente, si no es que mintió claramente a la Comisión. Ésta se suspendió hasta el 15 de septiembre para investigar lo que un portavoz de la comisión llamó “una versión de los hechos en Marikana que no es la verdad”. “Hay más preguntas”, escribe Niren Tolsi, “acerca de la voluntad política y la decencia moral del gobierno de África del Sur y su fuerza policial para que la verdad emerja en la Comisión Farlam”.
La Constitución de Sudáfrica incluye algunos de los valores que surgieron de la lucha contra el apartheid y, a pesar de sus limitaciones, es considerada una de las más progresistas del mundo. Sin embargo, en la práctica, muchas personas no tienen acceso a la Constitución. Cuando intentan acceder a sus garantías, se vuelve claro que el gobierno y la policía están por encima de la ley, de la clase trabajadora y de los pobres. Sobre todo cuando se organizan fuera del gobernante Congreso Nacional Africano (CNA), están por debajo de la ley. Esta realidad, a menudo silenciada, recientemente se exhibió abiertamente en Cato Crest, un conjunto de chabolas a las afueras de Durban Mayville.
Desde el 12 de septiembre 2013, Abahlali baseMjondolo, un movimiento democrático, popular y participativo de habitantes de las chabolas, ganó una serie de prohibiciones en el Tribunal Superior de Durban por la que se detienen los desalojos ilegales de su asentamiento -las personas que enfrentan el desalojo ocuparon un nuevo pedazo de tierra, al que llamaron Marikana, después de ser desalojados ilegalmente de sus chozas por el municipio. Pero las amenazas de muerte llegaron en de la corte. Justo afuera de las puertas de la institución, los hombres del CNA, en un acto de intimidación y amenaza, mostraron sus armas. El mensaje fue claro: se “lidiará” con cualquier persona independientemente de las decisiones judiciales.
Las amenazas de la CNA local tienen que ser tomadas en serio. Dos activistas de la zona ya fueron asesinados por pistoleros. Las personas también han sido golpeadas por la policía y la Unidad de Invasiones de Tierras durante los desalojos y protestas.
El movimiento respondió a esta intimidación con una marcha hacia el palacio de gobernación, en Durban, bajo la bandera de la defensa de la dignidad y exigiendo tierra y la vivienda. La demostración fue precedida por una discusión política entre los 500 miembros de la rama juvenil de la organización. Cada sector que participó en la marcha tuvo sus propias reuniones para redactar su propio memorándum. La marcha se llevó a cabo el 16 de septiembre. Los medios de comunicación informaron de que miles de personas apoyaron la marcha. Fue una ocasión muy popular y alegre, que demostró concretamente el apoyo que el movimiento disfruta, a pesar de la represión en curso.
El tribunal ordenó a los abogados del municipio y del movimiento marcas los hogares que solicitaron la protección de la corte para que no sean desalojados. El proceso no se pudo realizar, porque en su camino se interpuso la Unidad de Invasiones de Tierras, que desalojó anteriormente y de manera ilegal a familias en siete ocasiones. Hicieron más amenazas de muerte.
Un mensaje de Abahlali señaló: “Fue imposible llevar a cabo el proceso según lo estipulado por la orden judicial debido a la intimidación y las amenazas de los partidarios del CNA, incluyendo amenazas de muerte abiertas y públicas. El Estado de derecho es socavado en cada ocasión. Nuestros abogados y líderes abandonaron la zona”.
Miembros de Abahlali sostienen, desde hace mucho tiempo, que la democracia que disfruta la clase media no existe para los pobres en Sudáfrica. Hubo un momento en que muchos intelectuales de clase media, a menudo obsesionados con la ley y la política en lugar de la realidad de la clase trabajadora y de los pobres, no tomaron en serio estas críticas. Pero estas ilusiones se desvanecieron con la Masacre de Marikana.
El asesinato de Nkululeko Gwala
Nkululeko Gwala, un activista comunitario de Cato Crest, era un miembro leal del CNA, una organización que él identificó con la liberación y pensó que nunca la dejaría. Gwala fue un activista de la comunidad y denunció que la distribución de vivienda en la zona era corrupta. Se prometieron nuevas casas a los miembros de la comunidad Cato Crest, pero cuando se las construyeron, se dio prioridad a los miembros del partido, hubo denuncias de corrupción y se excluyó a gente del proceso con base en su origen étnico. Los excluidos se quedaron sin hogar, pues sus chozas fueron demolidas.
Se advirtió a Gwala que no hiciera declaraciones públicas, pero él siguió hablando. Fue expulsado del CNA. Se unió a la organización de los habitantes de los asentamientos, Abahlali baseMjondolo, y continuó hablando y organizando. Supo que era peligroso, pero tuvo claro lo que estaba en juego: “Si dicen que soy culpable de liderar la protesta, entonces eso está bien, porque lo estoy haciendo por los derechos de las personas”. El 25 de junio de 2013, el municipio convocó a una reunión comunitaria en la que el presidente regional del CNA, Sibongiseni Dhlomo, dijo que Gwala era un alborotador y tenía que ser expulsado. La suerte estaba echada.
En los últimos años se produjo una rápida escalada de asesinatos políticos en Durban y la provincia de Kwa-Zulu-Natal. La mayoría son consecuencia de las rivalidades dentro del partido en el poder, pero la gente también se asesina a gente externa.
Un grupo de hombres armados asesinó al presidente de la Asociación Cato Crest Residencial, Thembinkosi Qumbelo. Gwala supo que su vida estaba en peligro. La noche de la reunión en que fue amenazado, le dispararon a Gwala 12 veces. Lo dejaron morir en el camino. Tenía 34 años de edad. El asesinato de Gwala, como el de Qumbelo, sigue sin resolverse. Los activistas que señalaron que tienen información no fueron entrevistados por la policía.
La lucha continúa
La intimidación y los desalojos continúan. El 21 de septiembre, otro activista, Nkosinathi Mngomezulu, recibió un disparo, esta vez por la Unidad de Invasiones de Tierras, y quedó en estado crítico. El 22 de septiembre, activistas de Abahlali baseMjondolo de todas partes de Durban se reunieron en Cato Crest con sus camisetas rojas para afirmar su rechazo a someterse a la violencia y la intimidación por parte del Estado y el partido gobernante.
Parece que la violencia política contra los pobres organizados de manera independiente se convirtió en aceptable para gran parte de la sociedad de clase media en Sudáfrica. El silencio de la mayor parte de la sociedad civil y medios de comunicación es ensordecedor.
Publicado el 14 de octubre de 2013
http://desinformemonos.org/2013/10/prohibida-la-organizacion-para-los-pobres-en-sudafrica/
M&G: Open letter to James Nxumalo, Senzo Mchunu & Jacob Zuma
2 October 2013
To:
James Nxumalo, Mayor, eThekwini Municipality, Durban, South Africa
Senzo Mchunu, Premier, KwaZulu-Natal
Jacob Zuma, President, Republic of South Africa
We are writing to you to express our grave concern at events unfolding in the Cato Crest shack settlement in Durban.
After an illegal eviction in Cato Crest by the eThekwini Municipality in March this year, shackdwellers occupied an adjacent piece of land. They named the settlement “Marikana”. Since then, two activists have been assassinated -Thembinkosi Qumbelo and Nkululeko Gwala. A third, Nkosinathi Mngomezulu, is in critical condition after being shot by the Land Invasions Unit. A number of activists have been seriously beaten by the police. Other activists, including Bandile Mdlalose and S’bu Zikode of the shack dweller movement Abahlali baseMjondolo who have been supporting the residents, have been threatened with death.
Truthout: One Year After Marikana: No Justice for the Poor in South Africa
http://www.truth-out.org/news/item/19064-one-year-after-marikana-no-justice-for-the-poor-in-south-africa
It's been more than a year since the Marikana massacre in South Africa (August 16, 2012) when 34 striking miners were killed after police opened fire.
The commission set up by the government last year has been doing what commissions do, very slowly. Whether the truth will emerge is questionable, but one result of the painfully slow proceedings is that arrested and injured miners can no longer afford legal representation. The commission is going on without them. (After it came to light last week that the police have been systematically doctoring information, if not patently lying to the commission, the commission was suspended until September 15 to investigate what a commission spokesperson called “a version of the events at Marikana [that] … is not the truth.” “It raises further questions,” writes Niren Tolsi “about the political will – and moral decency – of the South African government and its police force to allow the truth to emerge at the Farlam Commission. )
The South African Constitution includes some of the values that emerged out of the struggle against apartheid and, despite its limits, is still considered one of the most progressive in the world. Yet in practice, many people don't have access to the constitution. When they try to access its guarantees, it often becomes clear that the government and police are above the law and the working class and poor, especially when organized outside of the ruling ANC, are beneath the law. This reality, often silenced in elite publics, recently has been on open display in Cato Crest, a shack settlement in the Durban suburb of Mayville.
Beginning September 12, 2013, Abahlali baseMjondolo, a grass-roots and participatory democratic shack-dweller movement in South Africa, won a series of interdicts in the Durban High Court to stop unlawful evictions from the settlement. The people facing eviction had occupied a new piece of land, which they named Marikana, after they had been unlawfully evicted from their shacks by the municipality. But death threats were made inside the court. And right outside the court's doors, ANC men, in acts of bravado meant to intimidate and threaten, showed off their guns. The message was clear: Anyone who would get in their way would be "dealt with," and court decisions would mean nothing. Threats from the local ANC have to be taken seriously. Two activists in the area already have been assassinated by shadowy gunmen. People also have been beaten by the police and the Land Invasions Unit during evictions and protests.
The movement responded to this intimidation by organizing a march to Durban City Hall under the banner of defending dignity and demanding land and housing. The march was preceded by an all-night process of political discussion among 500 members of its youth wing. And each branch that participated in the march had its own meetings to draft its own memorandum. The march took place September 16. The media reported that thousands of people supported the march. It was a joyous popular occasion that provided a concrete demonstration of the support that the movement continues to enjoy despite ongoing repression.
The court had ordered lawyers acting for the municipality and the movement to go to the settlement September 17 to identify shacks belonging to the residents who has requested the court's protection so their homes could be marked and protected from eviction. But this process was not allowed to proceed. In their way was the Land Invasions Unit, which had evicted people illegally on seven occasions, supported by the local councilor. More death threats were made. A message from Abahlali read: "It was impossible to carry out the process as stipulated by the court order due to intimidation and threats from ANC supporters including open and public death threats. The rule of law is being undermined at every turn. Our lawyers and leaders have now left the area."
Abahlali members have long argued that the democracy that is enjoyed by the middle classes does not exist for the poor in South Africa. There was a time when many middle-class intellectuals, often fixated on law and policy rather than the reality of the working class and the poor, didn't take this critique seriously. But these illusions melted away in the face of the Marikana Massacre.
The murder of Nkululeko Gwala
Nkululeko Gwala, a community activist in Cato Crest, was a loyal ANC member, an organization that he identified with liberation and thought he would never leave. Gwala was a community activist and spoke out against how the distribution of housing in the area was systemically corrupt. Members of the Cato Crest community had been promised new housing, but when houses were built, party members were priotized for access, there were allegations of corruption, and people were excluded from the housing project on the basis of their ethnicity. People who were excluded from the housing project had their shacks illegally demolished and were left homeless.
Gwala was warned not to make public statements, but he continued to speak out. For this, he was expelled from the ANC. He joined the shack dwellers' organization, Abahlali baseMjondolo, and continued to speak out and organize in the community. He knew it was dangerous, but he was clear about what was at stake: "If they say I am guilty of leading the protest, then that is fine because I am doing it for the rights of people." On June 25, 2013, the municipality called a community meeting at which the ANC regional chair, Sibongiseni Dhlomo, said Gwala was a troublemaker and had to be removed. The die was cast.
In recent years there has been a rapid escalation of political assassinations in Durban and the province of Kwa-Zulu-Natal. Most are a result of rivalries within the ruling party, but people outside the party have been murdered, too. A few months earlier, gunmen murdered Cato Crest Residential Association chairman Thembinkosi Qumbelo. Gwala knew that his life was in danger. On the night of the meeting at which he was threatened, Gwala was shot 12 times. He was left to die in the road. He was 34 years old. Gwala's assassination, like that of Qumbelo, remains unsolved.Activists who have said that they have information have not been interviewed by the police.
The Struggle Continues
Intimidation and evictions continue. On September 21, another activist, Nkosinathi Mngomezulu, was shot, this time by the Land Invasions Unit. At the time of writing, he is in a critical condition. On September 22, Abahlali baseMjondolo activists from around Durban gathered at Cato Crest in their red shirts to affirm their refusal to submit to ongoing violence and intimidation from the state and the ruling party.
It seems that political violence against the independently organized poor has become acceptable to much of middle class society in South Africa. The silence by the bulk of the media and civil society has been deafening.
Thinking Fanon, 50 years later: Fanonian translations in and beyond “Fanon Studies”
Thinking Fanon, 50 years later: Fanonian translations in and beyond “Fanon Studies”
by Nigel Gibson
This is the text of talk given sponsored by the African Studies Workshop, the Center for International Studies, the Social Theory Workshop, and the Reproduction of Race and Racial Ideologies Workshop at the University of Chicago, February 21, 2012.
In the Cheikh Djemal’s film Frantz Fanon: His Life, His Struggle, His Work, Rehda Malek, one of the co-editors of El Moudjahid at the time, recalls how he was “impressed by Fanon’s intellectual vivacity and the speed in which he could write papers,” adding that “he could write an article almost without crossing out a word in a direct and spontaneous way.” Continue reading