Traducción: Clayton Conn
En Sudáfrica, todos los días se viven asesinatos de opositores, impunidad para los policías perpetradores y uso de golpeadores contra los colectivos organizados. Parece que la violencia política contra los pobres organizados de manera independiente se convirtió en aceptable para gran parte de la sociedad de clase media en Sudáfrica.
Pasó más de un año desde la masacre de Marikana en Sudáfrica (16 de agosto de 2012), cuando 34 mineros en huelga fueron asesinados bajo el fuego de la policía. La comisión creada por el gobierno para investigar los asesinatos hace lo que hacen las comisiones: trabaja muy lentamente. Si la verdad emerge o no ya es cuestionable, pero uno de los resultados del procedimiento dolorosamente lento es que los mineros detenidos y heridos ya no pueden pagar una representación legal.
La comisión trabaja sin ellos. Salió a la luz la semana pasada que la policía manipuló la información sistemáticamente, si no es que mintió claramente a la Comisión. Ésta se suspendió hasta el 15 de septiembre para investigar lo que un portavoz de la comisión llamó “una versión de los hechos en Marikana que no es la verdad”. “Hay más preguntas”, escribe Niren Tolsi, “acerca de la voluntad política y la decencia moral del gobierno de África del Sur y su fuerza policial para que la verdad emerja en la Comisión Farlam”.
La Constitución de Sudáfrica incluye algunos de los valores que surgieron de la lucha contra el apartheid y, a pesar de sus limitaciones, es considerada una de las más progresistas del mundo. Sin embargo, en la práctica, muchas personas no tienen acceso a la Constitución. Cuando intentan acceder a sus garantías, se vuelve claro que el gobierno y la policía están por encima de la ley, de la clase trabajadora y de los pobres. Sobre todo cuando se organizan fuera del gobernante Congreso Nacional Africano (CNA), están por debajo de la ley. Esta realidad, a menudo silenciada, recientemente se exhibió abiertamente en Cato Crest, un conjunto de chabolas a las afueras de Durban Mayville.
Desde el 12 de septiembre 2013, Abahlali baseMjondolo, un movimiento democrático, popular y participativo de habitantes de las chabolas, ganó una serie de prohibiciones en el Tribunal Superior de Durban por la que se detienen los desalojos ilegales de su asentamiento -las personas que enfrentan el desalojo ocuparon un nuevo pedazo de tierra, al que llamaron Marikana, después de ser desalojados ilegalmente de sus chozas por el municipio. Pero las amenazas de muerte llegaron en de la corte. Justo afuera de las puertas de la institución, los hombres del CNA, en un acto de intimidación y amenaza, mostraron sus armas. El mensaje fue claro: se “lidiará” con cualquier persona independientemente de las decisiones judiciales.
Las amenazas de la CNA local tienen que ser tomadas en serio. Dos activistas de la zona ya fueron asesinados por pistoleros. Las personas también han sido golpeadas por la policía y la Unidad de Invasiones de Tierras durante los desalojos y protestas.
El movimiento respondió a esta intimidación con una marcha hacia el palacio de gobernación, en Durban, bajo la bandera de la defensa de la dignidad y exigiendo tierra y la vivienda. La demostración fue precedida por una discusión política entre los 500 miembros de la rama juvenil de la organización. Cada sector que participó en la marcha tuvo sus propias reuniones para redactar su propio memorándum. La marcha se llevó a cabo el 16 de septiembre. Los medios de comunicación informaron de que miles de personas apoyaron la marcha. Fue una ocasión muy popular y alegre, que demostró concretamente el apoyo que el movimiento disfruta, a pesar de la represión en curso.
El tribunal ordenó a los abogados del municipio y del movimiento marcas los hogares que solicitaron la protección de la corte para que no sean desalojados. El proceso no se pudo realizar, porque en su camino se interpuso la Unidad de Invasiones de Tierras, que desalojó anteriormente y de manera ilegal a familias en siete ocasiones. Hicieron más amenazas de muerte.
Un mensaje de Abahlali señaló: “Fue imposible llevar a cabo el proceso según lo estipulado por la orden judicial debido a la intimidación y las amenazas de los partidarios del CNA, incluyendo amenazas de muerte abiertas y públicas. El Estado de derecho es socavado en cada ocasión. Nuestros abogados y líderes abandonaron la zona”.
Miembros de Abahlali sostienen, desde hace mucho tiempo, que la democracia que disfruta la clase media no existe para los pobres en Sudáfrica. Hubo un momento en que muchos intelectuales de clase media, a menudo obsesionados con la ley y la política en lugar de la realidad de la clase trabajadora y de los pobres, no tomaron en serio estas críticas. Pero estas ilusiones se desvanecieron con la Masacre de Marikana.
El asesinato de Nkululeko Gwala
Nkululeko Gwala, un activista comunitario de Cato Crest, era un miembro leal del CNA, una organización que él identificó con la liberación y pensó que nunca la dejaría. Gwala fue un activista de la comunidad y denunció que la distribución de vivienda en la zona era corrupta. Se prometieron nuevas casas a los miembros de la comunidad Cato Crest, pero cuando se las construyeron, se dio prioridad a los miembros del partido, hubo denuncias de corrupción y se excluyó a gente del proceso con base en su origen étnico. Los excluidos se quedaron sin hogar, pues sus chozas fueron demolidas.
Se advirtió a Gwala que no hiciera declaraciones públicas, pero él siguió hablando. Fue expulsado del CNA. Se unió a la organización de los habitantes de los asentamientos, Abahlali baseMjondolo, y continuó hablando y organizando. Supo que era peligroso, pero tuvo claro lo que estaba en juego: “Si dicen que soy culpable de liderar la protesta, entonces eso está bien, porque lo estoy haciendo por los derechos de las personas”. El 25 de junio de 2013, el municipio convocó a una reunión comunitaria en la que el presidente regional del CNA, Sibongiseni Dhlomo, dijo que Gwala era un alborotador y tenía que ser expulsado. La suerte estaba echada.
En los últimos años se produjo una rápida escalada de asesinatos políticos en Durban y la provincia de Kwa-Zulu-Natal. La mayoría son consecuencia de las rivalidades dentro del partido en el poder, pero la gente también se asesina a gente externa.
Un grupo de hombres armados asesinó al presidente de la Asociación Cato Crest Residencial, Thembinkosi Qumbelo. Gwala supo que su vida estaba en peligro. La noche de la reunión en que fue amenazado, le dispararon a Gwala 12 veces. Lo dejaron morir en el camino. Tenía 34 años de edad. El asesinato de Gwala, como el de Qumbelo, sigue sin resolverse. Los activistas que señalaron que tienen información no fueron entrevistados por la policía.
La lucha continúa
La intimidación y los desalojos continúan. El 21 de septiembre, otro activista, Nkosinathi Mngomezulu, recibió un disparo, esta vez por la Unidad de Invasiones de Tierras, y quedó en estado crítico. El 22 de septiembre, activistas de Abahlali baseMjondolo de todas partes de Durban se reunieron en Cato Crest con sus camisetas rojas para afirmar su rechazo a someterse a la violencia y la intimidación por parte del Estado y el partido gobernante.
Parece que la violencia política contra los pobres organizados de manera independiente se convirtió en aceptable para gran parte de la sociedad de clase media en Sudáfrica. El silencio de la mayor parte de la sociedad civil y medios de comunicación es ensordecedor.
Publicado el 14 de octubre de 2013
http://desinformemonos.org/2013/10/prohibida-la-organizacion-para-los-pobres-en-sudafrica/