Rebelion: El apartheid de la tierra

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El apartheid de la tierra

Joan Canela i Barrull
Mundo Negro

Pamela Bereunga es zimbabwense, aunque hace más de una década que vive en Sudáfrica. Como millones de compatriotas emigró hacia el potente vecino del sur huyendo de una economía que entonces empezaba a mostrar las primera grietas y hoy ya está totalmente hecha pedazos. Trabaja en una granja en la provincia de Limpopo, a solo unos kilómetros de la frontera, de lunes a sábado durante un mínimo de diez horas al día. Cuando hay trabajo. En las épocas menos laboriosas se le reduce la jornada laboral a la mitad y el salario a un 40%. Un sueldo que, cuando es el 100% sube a la increíble cifra de 800 rands [80 euros] mensuales, del cual se le descuenta el 25% en concepto de habitación, luz, agua y leña. La habitación es un minúsculo cuarto que comparten familias enteras de dos por tres metros sin ninguna ventana frente al cual hay una cabaña donde está la cocina de leña. La luz da para una bombilla y, como mucho, una radio. El agua es un grifo colectivo para todos los trabajadores y una letrina sirve como único baño. Cuando la mayoría de peones de la granja eran sudafricanos no se pagaba este alquiler y además, si los trabajadores son extranjeros el granjero no tiene obligación de pagar las cuotas de la seguridad social, por lo que Bereunga no tiene acceso a un seguro médico ni a una futura pensión.

Aunque con variaciones, estás son las condiciones de vida y trabajos más comunes en Sudáfrica y no mejoran mucho las cosas por tener la nacionalidad. De hecho, tras el asesinato del líder supremacista blanco, Eugene Terre’blanche, trascendió que los peones que lo mataron por adeudarles seis meses de salario cobraban el humillante monto de 30 euros mensuales.

“El campo sudafricano concentra hoy las peores tasas de desempleo, pobreza y falta de servicios básicos de todo el país y, a menudo, la única salida que tiene la gente que vive en zonas rurales es la emigración” resume alguien tan alejado de los discursos fatalistas como puede ser Jeff Radebe, director de políticas del gobernante Congreso Nacional Africano (ANC, en sus siglas inglesas).

Y es que Sudáfrica tiene la contradicción de compaginar una alta productividad agrícola con un bajísimo desarrollo social en zonas rurales. “Esto es consecuencia directa de una concentración altísima de la propiedad de la tierra –cuenta Tshililo Manenzhe, investigador sobre la estructura agraria en la Universidad de Ciudad del Cabo- que provoca que el modelo sea muy poco eficaz socialmente”. Y, este dato es extremadamente importante en Sudáfrica, la gran mayoría de los propietarios de tierra son blancos.

Por todo el país los grandes latifundios son perfectamente visibles desde la carretera en forma de inacabables extensiones piña, mango, eucalipto o viñedos, aunque los más habituales sean pastos extensivos con vacas y ovejas. No en vano la barbacoa es el plato nacional. Todos estos productos tienen en común su intensidad en tierra, agua y abono, pero que precisan de muy poca mano de obra. Además, el régimen del apartheid promovió la mecanización intensiva del campo para reducir la dependencia de los trabajadores negros. A estos datos hay que sumarle que en muchos municipios apenas haya dos o tres empleadores, lo que a la práctica impide cualquier movimiento a favor de mejoras laborales que no sea la emigración. “En el campo sudafricano persisten las mismas condiciones de abuso y esclavitud que existían bajo el apartheid” resume categóricamente Patrick Craven, portavoz nacional de la Confederación de Sindicatos Sudafricanos (Cosatu, en su acrónimo inglés).

El resultado final de esta suma de factores lo resume un estudio del Instituto para la Investigación Social y Económica de la Universidad de Fort Hare para la provincia del Cabo Oriental, donde se señala que solo un 1,5% de la mano de obra rural está empleada en la agricultura y que la mayoría de la población vive de pensiones estatales y de las remesas de sus familiares de las ciudades.

Reforma agraria sí, pero como?

Todas las fuentes consultadas reconocen que es imprescindible realizar una reforma agraria en Sudáfrica. Las divergencias empiezan cuando se trata de definir cual es la mejor vía para hacerlo.

Oficialmente, desde que Mandela llegó a la presidencia en 1994 el gobierno está promoviendo una transferencia de tierras en manos de terratenientes blancos hacia nuevos propietarios negros siguiendo el modelo propuesto por el Banco Mundial mediante el cual el estado compra las granjas en el mercado libre y las cede o revende a los nuevos dueños. Pero en 16 años apenas un 5% de la tierra ha cambiado de manos y una buena parte de las nuevas granjas han sido abandonadas por no ser rentables.

“Es imposible hacer una reforma agraria comprando las tierras –explica Tshililo Manenzhe- no hay presupuesto público en el mundo capaz de asumir esto, puesto que aunque se tuvieran los recursos la compra masiva de tierras genera un espiral especulativo que acaba consumiendo todo el dinero en esta fase, que solo es la inicial de un proceso de reforma agraria. Ningún proceso de redistribución de tierras se ha hecho, en ninguna época ni lugar del mundo, siguiendo esta norma”.

Desde el otro lado, las asociaciones de propietarios, defienden que esta es la única forma posible, advierten contra cualquier confiscación de tierras blandiendo el ejemplo de Zimbabwe e incluso critican las tímidas acciones emprendidas hasta el momento por el gobierno del ANC. “Se da tierra a gente que no tiene interés en la agricultura –denuncia la portavoz en materia de desarrollo rural de la opositora Alianza Democrática- y se sigue viendo los granjeros blancos como enemigos y no como colaboradores necesarios de cualquier proceso de reforma agraria”.

Precisamente el colapso económico de Zimbabwe es usado una y otra vez en la mayoría de la prensa para alertar sobre los peligros de cualquier “tentación nacionalizadora”. Pero Grasian Mkodzongi, un activista zimbabwense afincado en Johannesburgo, utiliza esta experiencia pero exactamente en la dirección opuesta: “La situación en Sudáfrica es extremadamente explosiva y solo se necesita de alguien que lidere el proceso para que se de una situación de ocupaciones masivas de tierras como se ha visto en Zimbabwe. Con el agravante que los pobres aquí están mayoritariamente armados, con lo que la situación sería mucho más violenta”.

De hecho ya hay movimientos sociales, como el Abalhali baseMjondolo o el Movimiento del Pueblo Sin Tierra (LPM, en sus siglas inglesas) –que tiene relaciones fluidas con los Sin Tierra brasileños- que están usando la ocupación ilegal para exigir al gobierno más decisión a la hora de impulsar la reforma agraria, pero hasta el momento se han limitado a tomar tierras públicas o marginales y sus acciones están más relacionadas con la reivindicación de viviendas en zonas urbanas que en la creación de un movimiento campesino.

Con Zuma, ¿llega la reforma agraria?

Durante la campaña electoral del año pasado, con la candidatura presidencial de Jacob Zuma apoyada por los aliados izquierdistas del ANC -Cosatu y Partido Comunista- se incluyó en el programa la distribución de un 30% de la tierra fértil en los próximos cinco años.

Incluso se llegó a elaborar un documento interno del partido donde se diseñaba un ambicioso plan de desarrollo rural, seguridad alimentaria y reforma agraria que tiene que transformar profundamente el hoy deprimido mundo rural sudafricano y reducir la presión en los atestados suburbios urbanos.

Jeff Radebe tiene total confianza en este programa y se atreve a dibujar un brillante futuro para el campo sudafricano, con “granjas cooperativas y ‘agro-villas’, carreteras asfaltadas y casas de ladrillo, con camiones colectivos trasladando los alimentos a los mercados, potentes sistemas de irrigación y academias de formación agrícola. Y numerosos puestos de trabajo que pueden atraer desempleados urbanos”. Para ello se preveía la coordinación de varios ministros, cuadruplicar el presupuesto destinado a la reforma agraria y, lo que es más importante, nuevas leyes que permitan la toma de tierra en desuso sin pasar por el aro del mercado.

“Hemos entendido que es imposible plantear una reforma agraria sin una inversión masiva en formación, infraestructuras y servicios públicos que la haga posible -continua Radebe- y estamos dispuestos a dedicar los recursos necesarios a este proyecto”. La actual situación mundial del mercado de alimentos -con subidas bruscas de los precios y dudas sobre la capacidad de los gobiernos de alimentar sus propias poblaciones en un futuro próximo- ha sido otro argumento de peso esgrimido por el ANC.

El mes de mayo el propio Presidente Jacob Zuma aseguraba que la fórmula de compra-venda de tierras “ha quedado definitivamente aparcada” y que se está trabajando en “otras alternativas más pragmáticas para la redistribución de tierras”. Unos días antes, el ministro de Desarrollo Rural y Reforma Agraria, Gugile Nkwinti, anunciaba que su departamento tiene una propuesta de ley lista para ser enviada al Parlamento donde se “pondrá un límite a la propiedad de la tierra”. Otra opción que se viene barajando es la de nacionalizar toda la tierra y que los actuales dueños pasen a ser poseedores bajo supervisión del Estado, aunque para esto habría que modificar la Constitución (ver despiece).

Aún así, muchas voces desconfían de una promesa que se viene repitiendo en cada proceso electoral desde 1994 y nunca ha llegado a materializarse. “No nos creeremos nada del ANC hasta que no lo veamos. Ya nos han engañado demasiadas veces” resume S’bu Zikode, dirigente del Abalhali baseMjondolo. El profesor de Economía política de la Universidad de Kwa Zulu Natal y ex-asesor de Mandela a inicios de los 90, Patrick Bond, también es escéptico: “La promesa de distribuir el 30% de la tierra en cinco años la escribí yo mismo en 1994. Ni tan siquiera se han molestado en redactarla de nuevo”. Pero entonces, ¿cómo interpretar las numerosas señales que, desde el gobierno, anuncian que empieza un proceso de reforma agraria a gran escala? “El ANC es experta en lo que yo llamo ‘hablar de izquierdas y andar de derechas’, hay que ser muy cautos y conocer muy bien las correlaciones de fuerzas dentro de este gran paraguas ideológico que es el ANC. Yo no creo que vaya a haber un cambio sustancial en estas políticas”, resume Bond.

Es cierto que la elección, por parte de Zuma, de Pieter Mulder, un representante de los latifundistas blancos y dirigente del derechista Frente de la Libertad, como Viceministro de Agricultura no fue precisamente un buen presagio y podría bien interpretarse como una señal muy fuerte hacia el otro lado. Y lo cierto es que, excepto las citadas declaraciones, nada se ha movido en este año.

Theresa Nsako, directora de Nkusi, una ONG que trabaja en favor de la reforma agraria, cree también que la eterna promesa continuará incumplida: “Zuma es como Mbeki, y de hecho como el partido comunista o los sindicatos, toda su pelea fue solo por los cargos. Solo veremos una reforma agraria en Sudáfrica si hay una fuerte movilización popular, ningún gobierno la hará a iniciativa propia”.

Un poco de historia

El actual monopolio de la tierra por parte de la minoría blanca, más concretamente de los granjeros afrikaners, tiene su origen de la Ley de Tierra Indígena de 1913, según la cual el 87% del área cultivable del país debía pertenecer a los blancos mientras que la mayoría negra quedaba confinada en solo el 13 restante, en la mayoría de los casos, las zonas más áridas. Para aplicar esta ley fueron trasladadas de forma forzosa millones de personas. La voluntad final de los legisladores era impedir que la población negra tuviese la capacidad para alimentarse de forma autónoma y se viese obligada a trabajar en las minas, que entonces veían su gran explosión económica. Además, la creación de los llamados eufemísticamente “homelands” (“patrias”) serviría para ubicar las suficientes reservas de esta mano de obra para asegurar que nunca habría que pagar grandes salarios al tiempo que se permitía vaciar de grandes masas de población negra el territorio destinado a los blancos.

Aunque la promesa de reforma agraria fue una de las grandes banderas del ANC y de todo el movimiento antiapartheid, durante las negociaciones hacia la democracia se cedió en este punto. “Se temía que tocar la propiedad privada diese una mala imagen ante los mercados internacionales y además la tierra es un tema simbólico muy importante para la población afrikaner, que en este punto se mantuvo muy dura”, resume Mosibudi Mangena, diputado por la Organización Popular de Azania (Azapo), un pequeño partido heredero de la Conciencia Negra de Steve Biko y que en su momento se opuso a la forma en como se desarrollaba la transición.

El resultado de esta cesión se materializó en la llamada “cláusula dorada”, el artículo 25 de la nueva Constitución que sacraliza la propiedad privada y limita enormemente la capacidad de expropiación del Estado sudafricano. Esta es una de las defensas constitucionales de la propiedad privada más leoninas del mundo y representa una verdadera mancha negra en un texto legal que, por otra parte, es uno de los más progresistas que hay en vigor actualmente.

A la práctica esto ha significado que cualquier proyecto de reforma agraria tenga que desarrollarse bajo la lógica de la compra-venda en el libre mercado, lo que imposibilita, por razones de presupuesto y especulación, cualquier movimiento en esta dirección. En quince años de gobiernos del ANC menos del cinco por ciento de las tierras han sido transferidas a propietarios negros, y una buena parte de ellas solo tras demandas judiciales que conseguían probar que sus legítimos propietarios habían sido desposeídos durante el apartheid. Y no solo esto. En este tiempo, más de un millón de “dwellers” [término que incluye todos los habitantes no propietarios de una granja, trabajen o no en ella] han sido desalojados por la mayor mecanización agraria y el miedo de los dueños blancos de que la simple posesión acabase generando derechos. Una cifra de desplazados mayor a la de los últimos años de apartheid y que, de hecho, ha venido continuando sin oposición del actual gobierno las políticas de aquel régimen.