Abahlali baseMjondolo y la lucha popular por el derecho a la ciudad en Durban, Sudáfrica

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Abahlali baseMjondolo y la lucha popular por el derecho a la ciudad en Durban, Sudáfrica

Richard Pithouse

Si su causa es buena, ¿por qué no han de comunicarse con nosotros y permitir que la razón y la equidad, la base de las leyes justas, nos juzguen tanto a nosotros como a ellos?
– Gerrard Winstanley

El apartheid confundía la modernidad con un urbanismo específicamente blanco. Esta paranoia racial fue la causa de una tremenda hostilidad blanca dirigida contra la presencia de los negros en las ciudades. Como es lógico, tanto la elite como los sectores populares que luchaban contra el apartheid, usualmente concedieron a la demanda por un derecho igualitario para la vida urbana el lugar central de su política.En ciertas zonas de algunas ciudades, y en especial en Durban, las ocupaciones de terrenos, específicamente a fines de la década de 1970 y en la década de 1980, significaron un quiebre decisivo con respecto a la racialización del espacio.En sus últimos años, el estado del apartheid hizo un número considerable de concesiones como respuesta al levantamiento popular por el derecho a la ciudad. Estas concesiones incluyeron desde reformas legales hasta compensaciones, en las cuales una presencia precaria, aunque autónoma, en las ciudades fue sucedida por un lugar ubordinado aunque formal en las mismas; con el reconocimiento, hasta cierto punto, por parte del estado de las ocupaciones de tierras urbanas.

Al finalizar el apartheid, se garantizó el derecho a la vivienda en la constitución y se promulgaron leyes para proteger los ocupantes ilegales de los desalojos arbitrarios e impedir cualquier desalojo que dejaría a la gente sin hogar.Se implementó una política habitacional a partir del compromiso con el modelo del Banco Mundial, política que contemplaba la asignación –por hogar– de un subsidio habitacional fijo concedido por el gobierno a contratistas privados, los cuales debían generar ganancias construyendo dentro de los límites del subsidio.

Aunque no había transcurrido mucho tiempo desde las movilizaciones masivas contra el apartheid acaecidas durante la década de 1980 –dirigidas por organizaciones populares que contaban con un considerable grado de autonomía con respecto a cualquier control partidista centralizado, y que usualmente se enfrentaban a la problemática urbana directamente–, tanto el estado como sus ONG aliadas se movilizaron rápidamente para reducir la problemática política del derecho a la ciudad a preguntas técnicas acerca de la construcción de viviendas. La reducción de un amplio debate político a un solo lenguaje técnico, que consideraba la planificación urbana como una tarea del estado y de las ONG, además de medir el éxito en términos de “unidades entregadas”, se volvió dominante en la sociedad civil. Se construyeron un considerable número de casas, aunque por lo general eran pequeñas, de muy mala calidad y ubicadas en guetos periféricos. Además, los proyectos habitacionales fueron regularmente capturados por las elites políticas locales y, en todo nivel, desde la adjudicación de contratos de construcción hasta el subsidio para las casas individuales, fueron utilizados para apoyar los intereses políticos y personales de esas elites. Las estructuras partidistas locales actuaron muchas veces de forma cruel, recurriendo en algunas ocasiones a la violencia.

Una década después del apartheid, los planificadores progresistas que for-maban parte o estaban aliados al estado democrático reconocieron las fallas presentes en el sistema de subsidios. En consecuencia, en el año 2004 se adoptó una nueva política, Abriendo Nuevos Caminos (Breaking New Ground). Esta política significó un ‘cambio’ desde ‘el conflicto y el abandono’ a la integración de los asentamientos “en una estructura urbana más amplia para superar la exclusión espacial, social y económica” por medio de “un acercamiento progresista en terreno y de forma graduada”. Sin embargo, la política no obtuvo apoyo político real, por lo que no se ha implementado. El estado, por el contrario, optó por un revanchismo sin tregua, regresando al lenguaje del apartheid de ‘limpieza de los asentamientos precarios’. Los shack settlements son ahora considerados asentamientos precarios que deben ser erradicados de las ciudades, en vez de comunidades que deben ser integradas completamente a las mismas. Una vez más, los shack settlements se presentan como una amenaza a las aspiraciones de una modernidad de la elite.

Se están desarrollando tres estrategias principales para erradicar los shacks. La primera consiste en cortar o limitar servicios tales como el agua, la electricidad y el retiro de basura, entre otros, hasta que las condiciones del lugar se vuelvan insalubres para la vida. La segunda es el uso de varias formas de vigilancia y de violencia estatal, con el objeto de evitar la expansión de los asentamientos o nuevas ocupaciones. La tercera es la destrucción de los asentamientos establecidos.Cada vez que éstos son destruidos, algunos residentes son reubicados en casas asignadas usualmente en asentamientos periféricos, mientras que otros son obligados a vivir en shacks construidas por el estado, conocidas como campamentos transitorios. A otros se les deja en la calle.

Las acciones por parte del estado hacia los habitantes de los shacks han sido sistemáticamente ilegales y hasta criminales. Mahendra Chetty, director de la oficina de Durban del Centro de Recursos Legales, asevera que:

Las autoridades municipales, de manera regular y consistente, han actuado infringiendo la ley de manera flagrante. Un tema recurrente con respecto a estos desalojos es la llana insensibilidad con la que se han llevado a cabo. Se realizan de manera extremadamente autoritaria y arrogante contra las personas más vulnerables de nuestra sociedad –mujeres negras pobres, gente mayor y desempleados”.

Un desafío popular a la re-segregación de las ciudades, esta vez basado en la clase, comenzó a emerger con la aparición de algunos movimientos sociales importantes a partir del año 2001.Desde 2004, las ciudades sudafricanas se han visto convulsionadas por miles de revueltas municipales, por lo general, aunque no siempre, organizadas desde los asentamientos de shack. Sus tácticas principales han sido los bloqueos de caminos y las huelgas de votos. A pesar del rápido aumento de la represión como resultado de los arrestos y la violencia policial regulares –una violencia que a momentos ha tenido consecuencias fatales–, estas protestas se han intensificado.

Una de las demandas fundamentales ha sido que las personas sean capaces de decidir dónde les gustaría vivir. A veces, esto se ha generalizado en una demanda colectiva por el derecho a la cuidad. En muchas ocasiones, los que protestan han exigido que se les permita quedarse en sus shacks ubicados en el centro y que no se les relocalice en nuevos proyectos habitacionales en la periferia de las ciudades, manifestando que el tema habitacional no se puede reducir a la concesión de una vivienda formal por parte del estado. Una segunda demanda fundamental ha sido el derecho a co-determinar el “desarrollo”, la cual considera tanto que se reconozca la planificación urbana popular que ha ocurrido, por ejemplo, a través del reconocimiento formal de las ocupaciones de terrenos realizadas en el pasado, y una planificación futura, tales como la construcción de viviendas y la provisión de servicios, que sea realizada en conjunto por las comunidades y el estado.

En Durban, un movimiento organizado de pobladores de shacks se creó como consecuencia de la conmoción general. En marzo de 2005, un camino fue bloqueado por los residentes del asentamiento Kennedy Road, de la misma manera que otros caminos habían sido bloqueados a lo largo del país desde el año 2004. Kennedy Road es una zona clasificada como periurbana que sin embargo se ubica en el corazón de la ciudad y fue uno de los asentamientos elegidos para ser erradicado. En los meses posteriores al bloqueo, se llevaron a cabo intensas discusiones con personas de doce asentamientos aledaños, todos ellos ubicados en el centro suburbano. En octubre de ese mismo año, se decidió conformar el movimiento de habitantes de shacks Abahlali baseMjondolo (AbM) y buscar una política de los pobres, para los pobres y por los pobres.

El movimiento no fue fundado por una ONG ni por una organización política y no cuenta con financiamiento externo. Era, en el sentido que le otorga Marcelo Lopes de Souza, un proyecto político autónomo,que tomó el lenguaje tradicional de la dignidad de los individuos, recreándolo en una forma cosmopolita apropiada para la vida urbana. Desde el principio, el movimiento revelaba un sentimiento de calidez y de preocupación por el otro, propio de una congregación; una cultura política lenta, profundamente democrática y deliberada;y una diversidad impresionante de etnias, razas y nacionalidades.

Desde entonces, la relación entre movimiento y estado ha ido desde la represión directa al compromiso productivo pero cauteloso; y luego de regreso a un modo de represión aun más violento por parte del gobierno. Desde el primer bloqueo de camino en marzo de 2005 hasta septiembre de 2007, cuando una marcha legal y pacífica hacia la alcaldía fue atacada violentamente por la policía,el estado se negó a aceptar al AbM como una organización legítima.

En cierto sentido, los asentamientos que se habían afiliado de manera colectiva al movimiento fueron tratados como territorios disidentes por la policía y, en algunos casos, fueron ocupados por las fuerzas militares cuando la tensión era demasiado alta. Las protestas del AbM fueron prohibidas de forma ilegal y fueron atacadas cuando sus miembros intentaban desafiar las prohibiciones. Algunos integrantes conocidos del movimiento fueron expulsados de sus trabajos y ocurrieron más de doscientos arrestos y otros tipos de represiones policiales, incluyendo el uso de la violencia policial para prevenir de forma física que el movimiento aceptase invitaciones a radio y televisión para participar en debates políticos. Durante este periodo de represión, el movimiento fue víctima de una virulenta campaña de difamación por parte del gobierno, que principalmente lo acusaba de una conspiración política organizada por un agente blanco perteneciente a un gobierno extranjero para desestabilizar al país.

A pesar de las dificultades enfrentadas por el movimiento en octubre de 2005 hasta septiembre de 2007, los logros fueron considerables. Este movimiento estableció una Universidad de Abahlali baseMjondolo, en cuyas conversaciones se acordó proteger su autonomía rechazando los partidos políticos. Se decidió que solo trataría con ONG cuando éstas estuvieran preparadas y dispuestas a trabajar con el movimiento sobre la base de la reciprocidad. Además, se establecieron vínculos útiles con distintas iglesias. El lema clave de lo que se llegaría a conocer como la ‘’motivación política profunda” del movimiento fue “habla con nosotros, no por nosotros”. En palabras del presidente del movimiento,

S’bu Zikode,

Ha llegado la hora de que las personas pobres alrededor del mundo se definan a ellas mismas, antes de que alguien más las defina, antes de que alguien más piense por ellas y actúe por ellas. No permitas que otros te definan. Estoy haciendo un llamado a los intelectuales y a las ONG para que nos den la oportunidad de tener una base para apoyar nuestra propia creatividad, para apoyar nuestras propias políticas. Nuestra política no se origina en las instituciones de enseñanza superior. Tiene su origen en nuestras propias vidas y en nuestras propias experiencias. Le estamos pidiendo a los intelectuales y a las ONG que trabajen con nosotros para crear un espacio donde se puede pensar y debatir en conjunto. No queremos que piensen por nosotros y hablen en nuestro nombre. No estamos preparados para escuchar a nadie hablar sobre el tema del orden. Ni al gobierno, ni a las ONG, ni a nadie. Estamos preparados para hablar con quien sea.

Durante este periodo, el movimiento siguió expandiéndose, logrando un grado considerable de acceso no mediado para hacerse escuchar por las audiencias de la elite. En términos prácticos, el AbM ha alcanzado muchos logros y ha sido apaz de prepararse para resistir a los desalojos de manera exitosa en todos los asentamientos en donde tienen influencia; construir y defender nuevos shacks; llevar a cabo abiertamente y defender de manera exitosa la expansión de los asentamientos de shack ya constituidos; acceder a varios servicios estatales sin adherir a ningún partido; implementar guarderías infantiles y otros proyectos de apoyo mutuo; conectar (ilegalmente) a miles de personas al suministro eléctrico y a muchos al suministro de agua; oponerse vigorosamente a la opresión policial; democratizar la gobernanza en un número de asentamientos con el fin de lograr un acceso no mediado sostenido para hacerse escuchar en los medios populares; defender su derecho a la disidencia contra las elites de los partidos locales; oponerse a la retención de prestaciones sociales como una forma de castigo por ser disidente; y pelear por el desarrollo de una lucha ejemplar por la tierras y viviendas tanto en pueblos como en ciudades.

El AbM fue capaz de organizar reuniones e iniciar campañas en las que las ONG, los académicos y abogados que estuvieran dispuestos a trabajar por el movimiento basándose en el respeto mutuo y en el área en donde el movimiento es fuerte, pudieran hacerlo; y no, como ya es típico, basarse en el supuesto derecho a liderar y dominar las organizaciones populares desde afuera. La primera campaña implementada de esta forma fue contra la Ley de Asentamientos Precarios.

Esta ley fue primero propuesta y luego promulgada en la provincia de KwaZulu-Natal en el año 2007. La intención era replicarla en otras provincias. Básicamente, esta ley criminaliza a todas las ocupaciones de tierra ilegales, a las resistencias en contra de los desalojos, y a cualquier organización de habitantes de shacks que ocupara la tierra en forma ilegal y que reuniera dinero por medio de una cuota de membresía.Este proceso de resistencia a la Ley de Asentamientos Precarios incluyó movilizaciones masivas, debates públicos y una continua disputa legal para declarar la ley como inconstitucional.

Poco a poco, se volvió aparente que el movimiento había entrado en una segunda fase luego del ataque contra la marcha en septiembre de 2007. Este ataque fue presenciado por obispos locales, quienes lo condenaron vigorosamente. También fue condenado por organizaciones de derechos humanos internacionales. Luego, las represiones policiales ilegales terminaron, el estado reconoció al AbM como un representante legítimo de los catorce asentamientos en Durban y las negociaciones con oficiales municipales comenzaron.Primero hubo intentos por persuadir al AbM de ‘transformar su discurso político hacia un discurso a favor del ‘desarrollo’. Esto fue rechazado. Por un tiempo, se llegó a un callejón sin salida, pero una vez que el AbM aseguró su derecho a permanecer político dentro y fuera de las negociaciones,éstas pudieron continuar.

En mayo de 2008, unos inmigrantes africanos fueron atacados y expulsados de los asentamientos de shack a lo largo del país en una ola de persecuciones xenofóbicas.El AbM decidió proveer refugio y defender a todos los extranjeros. El AbM fue capaz de asegurar que no se atacara a ningún asentamiento afiliado al movimiento y que se detuvieran dos ataques que se estaban llevando a cabo en asentamientos no afiliados.

En febrero de 2009, el AbM y la Municipalidad de Durban anunciaron un acuerdo en el que ambas partes se comprometían a participar en las remodelaciones de tres asentamientos in-situ, incluyendo Kennedy Road, y en la provisión de algunos servicios básicos para catorce asentamientos.39 Esto se tradujo en un número de importantes victorias, incluyendo un quiebre decisivo con la lógica espacial del apartheid (los asentamientos que serán arreglados se ubican en la parte suburbana pero dentro de la cuidad), lo que constituye un reconocimiento a la necesidad de un acceso decente a los servicios para los asentamientos y a la idea de que el desarrollo puede ser un proceso colaborativo entre las comunidades y el estado.

Sin embargo, en septiembre de 2009, algunos líderes fueron atacados en el asentamiento Kennedy Road por una turba armada que coreaba lemas étnicos. La policía se negó a ayudar al AbM y solo se hizo presente para desarmar la resistencia espontánea a la turba. Gente murió durante el intento de montar una defensa contra la muchedumbre, y las casas de más de treinta líderes del AbM fueron destruidas y saqueadas después de que los dirigentes locales del partido en el poder tomaran control del asentamiento. Los dirigentes partidistas, tanto en la ciudad como en la provincia, atacaron al movimiento en un lenguaje extremadamente fuerte en los días posteriores al ataque, condenándolo por haber exigido al gobierno que declarase la Ley de Asentamientos Precarios inconstitucional y acusando al movimiento de oponerse al desarrollo. Se les dijo a oficiales de la policía y del estado así como a periodistas que las ONG extranjeras estaban financiando al movimiento con el fin de detener el desarrollo, para que, de esa manera, los africanos continuaran siendo pobres y mantuvieran su acceso al financiamiento.

Tres semanas después de los ataques, el AbM logró que la Corte Constitucional declarase a la Ley de Asentamientos Precarios, inconstitucional. Fue una victoria notable. Sin embargo, adherentes al partido en el poder han amenazado abiertamente de muerte a los líderes del movimiento, en un contexto de intensa hostilidad hacia el movimiento, al igual que conductas ilegítimas de parte del magistrado local. Estos ataques apoyados por el gobierno en contra del movimiento están ocurriendo en medio de un cambio general hacia una política étnica más autoritaria, y el futuro del movimiento y, de hecho, de cualquier afirmación popular del derecho a la ciudad en Sudáfrica, es incierto.